La sentencia evacuada por el Tribunal Constitucional No. TC/0168/13, ha causado un revuelo tanto a nivel nacional como internacional, poniendo de manifiesto las reales intenciones de sectores reaccionarios y enemigos de la patria, que al igual que Pedro Santana y otros traidores de nuestra historia republicana, conspiran junto a otras naciones para mancillar nuestra soberanía escudándose en denuncias de violación a los derechos humanos.
No podemos dejar de incluir además el vacio
diplomático y el poco interés que ha mostrado la Cancillería General de la
república, a través de su canciller Carlos Morales Troncoso, en articular un
plan de defensa a la soberanía nacional, ante organismos internacionales, muy
pobre han sido nuestros argumentos explicando más allá de nuestras fronteras,
que dicha sentencia adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente
juzgada,
al ser un fallo emitido por el máximo tribunal de la República Dominicana.
Si bien es cierto que los haitianos han vivido en
condiciones de extrema pobreza no solo en su natal Haití, sino también de este
lado de la isla, específicamente en los bateyes del Central Romana y de la
Familia Vicini, no menos cierto es que también en nuestro país existe una gran
cantidad de dominicanos que viven en condiciones similares de pobreza en su
propia tierra. Hablar de apartheid y guetos es querer sobredimensionar el
problema y darle al mismo un toque de sensacionalismo mediático.
Para nadie es un secreto como organizaciones
nacionales y extranjeras que se dicen defensoras de las libertades y los
derechos humanos, han estado conspirando contra la República Dominicana, no
solo por el caso haitiano sino, por la posición de privilegio de la cual goza el
país en el sector turismo, el cual actualmente es una de las fuentes
principales de ingresos para nuestro nación.
Los dominicanos no somos indiferente ante la
migración ilegal haitiana, que cruza la frontera de manera legal e ilegal.
Ilegal todos aquellos haitianos que cruzan la frontera a pie ó a través del
pago de sobornos a autoridades tanto civiles como militares, otros de manera legal,
los que vienen con acuerdos de trabajos, transportados tanto por el sector público
como el sector privado, muchos de los cuales después de terminar sus contratos
son abandonados en territorio dominicano de manera irresponsable.
Los
organismos internacionales que apadrinan y alimentan las Organizaciones No
Gubernamentales (Ongs), si bien realizan un trabajo social valioso, no podemos
engañarnos, debido a que muchas de estas “organizaciones sin fines de lucro” responden
a intereses extranjeros, además de que son un instrumento de enriquecimiento,
contrario a su origen y razón de ser, que no es más que la de ayudar. El
ejemplo más reciente lo tiene el propio país haitiano, el cual recibió la
solidaridad de cientos de personas alrededor del mundo que realizaron millones de
donaciones, luego de que ese país se viera afectado por un descomunal terremoto
que le quito la vida a millones de nacionales haitianos. En ese entonces los dominicanos
se volcaron de manera solidaria a ayudar a la nación hermana demostrando su
amor hacia el país vecino.
Los
grupos étnicos que odian a la República Dominicana han estado atizando,
manipulando y alimentando el odio y la segregación racial entre dos pueblos que
son hermanos. Las autoridades haitianas y las dominicanas no se han dado cuenta
que solo son fichas de un juego de ajedrez político global que busca crear
conflictos en Latinoamérica, que dividan y debiliten a sus miembros para de
esta manera debilitar la integración Latinoamérica.
Entendemos
que el gobierno dominicano primero debe ser respetuoso del marco jurídico
establecido en nuestro país, respetando la independencia de poderes. Luego debe
hacer un censo nacional, el cual identifique exactamente cuál es la población
real de haitianos y de otras nacionalidades que residen actualmente de manera
legal e ilegal en la República Dominicana, determinando además, cuántos de
estos se dedican a labores productivas, cuantos delinquen y cuantos simplemente
se dedican a mendigar por las calles. Luego de tenerlos identificados, clasificarlos
y todos aquellos que apliquen, proveerlos de una identificación especial que
les permite insertarse en la vida productiva del país, el resto simplemente
debe ser deportado a su país de origen.
Además
debe implementar nuevos controles en la frontera, aumentar las sanciones a los
funcionarios consulares, civiles y militares, tipificar el tráfico de ilegales
como traición a la patria y recomendar cadena perpetúa sin apelación para estos
casos. Modificar la ley que rige las ONG’s delimitando sus funciones y campo de
acción, además de monitorear todas sus transacciones financieras, restringir el
alcance y uso de los fondos de la misma cuando tengan carácter de conspiración
contra la patria.
Por
último, la oposición al gobierno debería dejar de hacer política con un tema
tan delicado para la República Dominicana. Estamos en tiempos difíciles, la
unidad de todos los dominicanos debe ser lo más importante; todos deberíamos
aunar esfuerzos para buscarle una solución amistosa, viable y definitiva que
beneficie a los miles de ilegales haitianos y de otras nacionalidades que viven
ilegalmente en la República Dominicana, siempre tomando en cuanto que primero
está la Nacionalidad Dominicana.
Publicado en el periódico Digital Dominicanoshoy.com / 29 de Octubre del 2013
Autor:
Ing. Llury Roberto Morales
Ingeniero
en Sistemas. Actualmente Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas UASD.
Secretario
de Organización del Movimiento Estudiantil JUPANA (UASD)
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@llurymorales / Facebook: Robert
Michael Rivera
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